H. El PSOE sigue sin reformar la Ley de Finaciación Local y los Ayuntamientos se asfixian

Por más que IU -y ahora también la FEMP- exigen que se cambie la ley de financiación de los Ayuntamientos para dar salida a la situación tan dramática que viven muchos municipios, el PSOE insiste en que no se hará antes de 2011.

IU ha planteado varias veces en el Congreso y en la Juntas de las distintas comunicades autónomas una reforma de la ley de financiación local con idea de que los ayuntamientos tengan los recursos necesarios para poder atender todas las demandas de sus ciudadanos, pero antes el PP de Aznar y ahora el PSOE  de Zapatero, siempre han tumbado la propuesta porque no la ven prioritaria.

La actual situación que viven los municipios ha provocado que alcaldes de todos los signos políticos se hayan sumado a la petición de IU, aunque cada cual con una serie de pequeños matices según su color político. Ahora a las peticiones continuas de IU se suman las voces desesperadas de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).

Los ayuntamientos no tienen un duro. Al menos 400 consistorios de los 8.112 que hay registrados hace ya mucho tiempo que dejaron de pagar luz, agua, teléfono… El paso siguiente, según fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y el más dramático, será dejar de pagar las nóminas. A finales de 2010, un 30% podría declararse en suspensión de pagos al no poder hacer frente a sus gastos.

La voz de alarma se sucede de norte a sur de la geografía española. No hay un duro y de poco o nada sirve ya apretarse el cinturón. Además, los municipios han advertido que no podrán devolver al Estado los fondos que les adelantó. Ni los más pequeños (muchos de ellos, como es el caso de Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla, ya se han suspendido las fiestas) ni los más grandes, como Alcalá de Henares, en Madrid, que debe reembolsar al Ministerio de Hacienda tres millones de euros.

El pesimismo llega también a Castilla y León. “Estoy seguro de que veremos ayuntamientos en quiebra técnica en la Comunidad en el próximo año”, vaticina el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de la región, Miguel Ángel García Nieto. Sin  una Ley de Financiación Local efectiva, los pueblos, mejor sus gobiernos, se mueren. “No podemos mantenernos. Necesitamos ayuda urgente y el Gobierno debe tomar medidas rápidas”, recrimina el alcalde Cenicientos.

Pero el gobierno de Zapatero insiste en que de momento no habrá reforma de la Ley de Financiación Local.

Los casos se suceden. En Andalucía, dos de cada tres ayuntamientos andaluces están al borde de la suspensión de pagos. Según la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), de aquí a unos meses se sucederán una cascada de EREs en los gobiernos municipales. No queda otro remedio. “Son muchos los que ya no pueden pagar sus nóminas y a algunos ya les han cortado el agua”, explican fuentes de la FAMP.

“Si se tratara de una empresa, se cerraría». Así de gráfico expuso un alcalde sevillano la grave situación. Cortes de suministro, suspensión de pagos a proveedores, funcionarios y trabajadores municipales… Ni siquiera los concejales ni el propio regidor cobraron sus sueldos.

La situación más grave en Andalucía se da en el Ayuntamiento de Jerez, con 2.600 funcionarios, una plantilla sobredimensionada derivada de la gestión, desde 1979 a 2007, del Partido Andalucista (PA) y el entonces alcalde, Pedro Pacheco.

Peor aún es la crisis financiera del ayuntamiento del municipio gaditano de Barbate, gobernado por el PSOE, donde la asamblea de trabajadores decidió ayer endurecer las protestas que vienen realizando desde el pasado día 5 por el impago de la nómina de julio. Los salarios “sin cargas sociales” que adeuda a los más de 300 empleados municipales asciende a 605.000 euros.

En Sevilla, ni Castilblanco de los Arroyos, Aznalcóllar ni Mairena de Aljarafe tendrán sus fiestas patronales. Como reconocen desde la Federación andaluza, “cuando hay familias que sufren la crisis, parece poco acertado que otros disfruten de una fiesta”.

Los concejos de Galicia también están en apuros. No sólo no podrán pagar al Estado lo que le deben por la entrega de dinero que les adelantó, sino que tampoco tienen para llegar a fin de mes. En Chantada, el ayuntamiento lucense ha optado por el leasing para contar con una pala mixta y un camión para acometer obras. Un arrendamiento con opción de compra que, por supuesto, no se formalizará. La caja registradora del Consistorio ya no da para más.

¿Pueden cerrar los Ayuntamientos? En Extremadura, el alcalde de Villafranca de los Barros y miembro de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, Ramón Ropero, lanza el grito al cielo. “Pasamos dificultades, como pasan todas las familias, pero tendremos que apretarnos el cinturón y hacer más con menos”, dice, repitiendo la máxima lanzada por el ministro de Fomento, José Blanco.

No obstante, el edil socialista no desaprovechó la oportunidad para reclamar la reforma de la financiación local “más justa”. Una demanda que se repite en todos y cada uno de los ayuntamientos, que este año deberán devolver al Estado 1.600 millones de euros que les adelantó en 2009. El sistema no es sencillo: el Estado adelanta los pagos a los municipios. Para ello, calcula su aportación en función de los resultados del año anterior y luego liquida las cuentas con los resultados definitivos. Las cuentas de 2009 han dado a devolver y las de 2010 no auguran cambios en esta tendencia.

Pero para la FEMP, 1.600 millones de euros una cifra imposible de conseguir en un momento tan difícil como el que se vive actualmente por eso la Federación ha pedido el aplazamiento hasta 2012 de esta deuda, además que se que acometa con urgencia la reforma de la Ley de Financiación Local. “Hay que confiar en que los gobiernos y la Administración central corrijan pronto el problema” dice en la FEMP.

Izquierda Unida insiste en que lleva una década planteando la reforma de la ley de financiación local y que no le hicieron caso.

Las noticias no son buenas. La depresión económica también ha llegado al Estado, que este año ha asignado una subvención menor a los municipios. Las estimaciones que barajan los alcaldes cifran la rebaja entre un 17 y un 20%. Unos 3.000 millones de euros menos a repartir entre todos los pueblos ya que el Estado fija sus aportaciones en función de los impuestos recaudados. Este año hay menos para repartir.

Los alcaldes tienen preparadas ya sus peticiones para reformar esta Ley que, en su opinión, se ha quedado vieja. Entre sus exigencias está un reparto más justo de las ayudas del Estado -que suponen el 30% del total de los ingresos de los ayuntamientos- y la tan reclamada participación de los tributos de las Comunidades autónomas (denominados PICAs).

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