IU, ante la Huelga General manifiesta:

Desde que comenzó esta crisis financiera, que inmediatamente después se extendió a la economía real y productiva, causando terribles consecuencias en millones de hombres y mujeres, especialmente entre las clases populares, IU-LVCA ha venido trabajando para desenmascarar a los que la han provocado: los especuladores,  los banqueros y rentistas y los responsables de instituciones y gobiernos que los apoyaron con la aplicación de políticas neoliberales.

Esta crisis del sistema financiero está provocando en la sociedad española una situación de emergencia social, con más de 4.500.000 de parados y paradas y miles de pequeñas y medianas empresas cerradas. Las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno no sólo no han puesto coto al descontrol del poder financiero, sino que se ha alineado con ellos,  con los causantes de la crisis económica. Los trabajadores y trabajadoras están explotados en el trabajo, expropiados por los Bancos y abandonados por el Gobierno a su suerte.

El Gobierno del PSOE ha tomado desde que comenzó el año 2010 medidas completamente antisociales:

  1. Restrictivos Presupuestos Generales del Estado de 2010.
  2. Plan de Austeridad de 29 de enero en el que se aprueba un recorte de 50.000 millones de euros.
  3. Propuesta de alargar la edad de jubilación de 65 a 67 años.
  4. Subida del IVA.
  5. Plan de Ajuste de 12 de mayo que supone un recorte del gasto de 15.000 millones de euros adicionales, afectando a los pensionistas, a las mujeres, a los dependientes y a los funcionarios y funcionarias.
  6. Ha aprobado por decreto-ley la reforma del mercado de trabajo que supone: el despido más fácil, más rápido y más barato, perpetuar la contratación temporal como vía de entrada al mercado de trabajo, dar mayor poder a los empresarios, cuestionar la negociación colectiva facilitar la modificación sustancial de las condiciones de los contratos de trabajo, incluidas las pactadas en los convenios colectivos, disminuyendo así el control judicial. Esta reforma facilita en la empresa el descuelgue salarial previsto en los convenios colectivos. Legaliza las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, a las que no sólo se da acceso para la realización de funciones de intermediación laboral sino que también se les otorga competencias que van a afectar a las prestaciones por desempleo de los trabajadores y trabajadoras. Se va permitir sacar dinero de los desempleados y desempleadas. Se amplia el ámbito de actuación de las empresas de trabajo temporal dejando al mínimo las limitaciones por razones de seguridad y salud, y se deja en papel mojado la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, ya que las medidas de Igualdad son pura retórica.

En los últimos 18 años, con Gobiernos del PSOE y del PP,  se han llevado a cabo 8 reformas del mercado de trabajo, incluyendo la actual. Una reforma cada 2 años y 3 meses no es un buen indicador de la estabilidad de algo tan fundamental, más bien parece que estamos metidos dentro de un proceso de improvisación continua. De hecho, es a todas luces un periodo demasiado corto, en el que no parece sea factible la puesta en marcha de las medidas propuestas y mucho menos la maduración de las mismas y la evaluación de su efectividad. Esa sensación de provisionalidad permanente es aplicable a la normativa básica, al Estatuto de los Trabajadores, que ha sufrido 4 reformas, lo cual parece excesivo. Además, sólo 2 de esas 8 reformas han sido pactadas o consensuadas, otras 5 son decisiones unilaterales del gobierno de turno. Todas las reformas han terminado consolidando la temporalidad, la precariedad y los recortes de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y han aumentado el poder los empresarios.

El causante de la crisis económica no ha sido ni es el mercado de trabajo, no es la baja productividad de los trabajadores ni los desmesurados salarios que perciben.  Todas estas medidas aprobadas por el  Gobierno del PSOE son innecesarias, injustas y antisociales.

Estas medias están enmarcadas dentro de la política económica vinculada al Tratado de Lisboa, a las políticas neoliberales que nos ha traído esta crisis,  a políticas que son compartidas y practicadas por el PP en las Comunidades Autónomas donde gobiernan: más Mercado y menos Estado, corrupción frente a transparencia y calidad democrática. El Partido Popular no es alternativa a las políticas aprobadas por el PSOE, sino más de lo mismo: se trata en ambos casos de seguir desmantelando el Estado del Bienestar como objetivo último.

Estas medidas que desmontan el Estado Social y Democrático de Derecho y que se alinean claramente con la patronal, los banqueros, los especuladores y los rentistas, han obligado a los sindicatos de clase, CC.OO y UGT a convocar una Huelga General para el 29 de septiembre de 2010 bajo el lema “ASI, NO“. Huelga General que se realiza en el marco de una movilización europea contra las medidas de ajuste.

Esta Huelga General convocada para el 29 de septiembre tiene como objetivos:

  1. La reconducción del plan de ajuste, restableciendo los derechos de los pensionistas, los empleados públicos y el mantenimiento de la inversión pública.
  2. La retirada de una reforma laboral lesiva que facilita el despido y empeora las condiciones de trabajo.
  3. La negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo, frente a los intentos de devaluarla y de individualizar las relaciones laborales.
  4. El mantenimiento del sistema público de pensiones como eje central de protección social, y su adecuación a la evolución social, a través del acuerdo político y social.

Por todo lo expuesto IU apoya la Huelga General y además:

  1. IU exige la retirada de las medidas de ajustes aprobados y a retirar el Decreto-Ley de Reforma del Mercado de Trabajo, por considerarlas injustas, innecesarias y antisociales.
  2. IU insta al Gobierno a mantener la edad de jubilación en los 65 años.
  3. IU insta al  Presidente del Gobierno al mantenimiento del sistema público de pensiones como eje de la protección  social.
  4. IU insta al Presidente del Gobierno a realizar una reforma fiscal progresiva y a realizar un plan contra el fraude fiscal.
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